En Argentina, solo la mitad de los y las estudiantes termina el tramo educativo obligatorio. Hay un derecho que no está siendo garantizado para la mitad de la población y que reproduce desigualdades en el mediano y largo plazo, además de afectar a las posibilidades de desarrollo socioeconómico de la sociedad en su conjunto. La experiencia de ser estudiante en Argentina es muy diferente según el nivel de ingreso de las familias de origen y la zona de residencia. La motivación de las y los estudiantes para terminar la escuela está muy afectada por la escasa articulación del sistema educativo con el mercado de trabajo, lo que afecta el desarrollo de las capacidades juveniles, las oportunidades laborales futuras, así como las posibilidades de experimentar una vida valiosa. El proceso de formación de las capacidades de las juventudes se completa y especializa en el mercado laboral, por lo que la transición desde el sistema educativo hacia el mundo del trabajo es un aspecto clave en los procesos de conformación y acumulación de capital humano, así como para el desarrollo del país.

El desarrollo de las capacidades juveniles es fundamental para apalancar el crecimiento socioeconómico con equidad. En este sentido, es impostergable enriquecer la experiencia escolar en el nivel secundario a través de la consolidación de aprendizajes significativos, la incorporación de saberes vinculados con el mundo del trabajo y la utilización de las tecnologías digitales cuando fuera posible; reducir el abandono escolar mediante el fortalecimiento de dispositivos para el acompañamiento de las y los estudiantes; y restituir las trayectorias escolares de quienes abandonaron el nivel secundario antes de finalizarlo por medio de intervenciones que contribuyan a su formación en habilidades laborales y a su vinculación con el mundo del trabajo.

En las últimas cuatro décadas Argentina no logró crecer de manera sostenida y duradera. La economía se encuentra estancada, con bajas tasas de inversión, sin creación de empleo privado, con una creciente exclusión social y con altas tasas de pobreza. Este cuadro estructural está agravado por una macroeconomía inestable que se caracteriza por una tasa de inflación alta y la volatilidad de precios relativos. Si bien la estabilización de la macroeconomía es una condición necesaria, la clave para crecer, exportar, y aumentar el bienestar con generación de empleo en el largo plazo es ganar competitividad aumentando la productividad de la economía.

Potenciar la matriz productiva argentina emerge como prioridad para el desarrollo sostenible con equidad. Buscar una inserción internacional estratégica; Establecer, con espacios institucionalizados público-privados, los lineamientos de mediano y largo plazo, transparentes y previsibles para la política productiva y las prioridades de bienes públicos necesarios para la mejora de la competitividad; Fortalecer la matriz energética a través del aumento de la oferta y su diversificación, en línea con la transición energética; Promover la adopción de tecnologías 4.0. que contemple integralmente los requerimientos de infraestructura, habilidades, aspectos regulatorios, la inversión en ciencia y tecnología y su vinculación al sector productivo, son, entre otros, pilares de política que pueden contribuir en esta línea.

Desde hace más de 30 años que al menos un cuarto de la población argentina vive en situación de pobreza. Hoy, cerca de 40% de las personas viven en hogares con ingresos inferiores al costo de una canasta básica de bienes y servicios, y la proporción aumenta a más de la mitad entre los niños, niñas y adolescentes. Revertir esta situación es central para el goce de derechos de las personas pero también como estrategia para el desarrollo, en particular en el contexto de la transición demográfica.

Avanzar hacia adelante en la resolución de este problema implica impulsar políticas públicas estratégicas a lo largo del ciclo de vida de las personas: avanzar hacia un sistema integral y federal de cuidados, con foco en la primera infancia; asegurar el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos, sobre todo en la adolescencia; consolidar un sistema integrado de protección social que, mediante la coordinación y focalización de las políticas de inclusión social, permita dotar de una mayor efectividad a las intervenciones en relación a las condiciones de vida e inserción laboral, especialmente en la población joven; y la revisión de las políticas previsionales a fin de eliminar inequidades y situaciones excepcionales, asegurar sostenibilidad y proteger en forma adecuada al conjunto de la población mayor.

El cambio climático es un fenómeno de alcance global con profundas implicancias en el territorio. Afecta en forma directa a los sistemas productivos locales basados en agroindustria, de enorme relevancia en nuestro país. También impacta en las ciudades, afectando especialmente de las poblaciones más vulnerables, como las que habitan en asentamientos informales. Debido a las consecuencias negativas que tiene este fenómeno y la manera en que afecta la calidad de vida de las personas, es cada vez más necesario impulsar cambios de largo aliento que corrijan esta situación.

Hoy resulta indispensable repensar los sistemas de producción y consumo, así como revisar las políticas vigentes de desarrollo económico. Hace falta promover una mirada holística sobre la problemática incluyendo dimensiones económicas, sociales y ambientales. Y, en función de ello, plantear escenarios y programas de acción para impulsar una transición verde justa, hacia formas que garanticen el desarrollo económico, ambientalmente más sostenible y socialmente más inclusivo.

La descarbonización de la matriz energética y el impulso de la eficiencia energética para gas y electricidad en el sector industrial, comercial y residencial; el fomento y posicionamiento estratégico de la producción agroalimentaria sustentable, el impulso de una política nacional de planificación urbana con foco en el hábitat justo y en el fortalecimiento de la resiliencia urbana son prioridades de política pública centrales para reducir los riesgos asociados al cambio climático y, a su vez, potenciar las oportunidades para el desarrollo sostenible en Argentina.

Con el retorno a la democracia en 1983, el país se enfrentó a condicionamientos externos y domésticos complejos. El objetivo del gobierno de Raúl Alfonsín fue vincular a la República Argentina al mundo luego de años oscuros de la dictadura cívico-militar, por la violación de derechos humanos, la disputa con Chile por el Beagle y la derrota en la guerra de Malvinas. Por lo tanto, las estrategias implementadas desde 1983 intentaron superar esta herencia.

Sin embargo, la política exterior tuvo sus vaivenes, debido a las crisis político-económicas, las tensiones entre los distintos modelos de desarrollo y sus respectivas estrategias de inserción internacional. Aun así, en el siglo XXI, la República Argentina posee consensos en torno a determinados lineamientos de la política exterior como la cuestión Malvinas y Antártida, derechos humanos, cooperación e integración regional, medio ambiente, nuevos mercados, entre otros, que sirven de base para trabajar colectivamente en el debate del modelo de Argentina que queremos.

Para pensar un país con un modelo de desarrollo exitoso, es indispensable diseñar a través de la política exterior, una estrategia de inserción internacional federal, intersectorial, definida y consolidada como política de Estado. Ante esto, es importante remarcar y no olvidar la importancia de la política exterior y su capacidad de potenciar el desarrollo local, entendiéndolo como un proceso integral e integrado, multidisciplinario y multiactoral. Como consecuencia, las próximas generaciones tienen el desafío primordial de impulsar la consolidación de un proyecto sostenible que dependa menos de los vaivenes políticos, y de implementar un tipo de inserción internacional y una política exterior específica que apuntale las capacidades endógenas de nuestro país aprovechando el contexto y las oportunidades del sistema internacional. Para eso será central el papel de los actores –públicos, privados, académicos y de la sociedad civil- tanto nacionales como de todas y cada una de las provincias argentinas, para dialogar, cooperar y articular esfuerzos en pos de garantizar ese proyecto colectivo de país.